El colapso administrativo en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) puede salir muy caro si se consolida la opinión del juez de lo Social número 15 de Valencia, que ha condenado a este organismo a abonar unos salarios que había denegado a la plantilla de una empresa a la que tardó 10 meses en responder. El juez interpreta que este caso de silencio administrativo, pasados los tres meses que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo, debe considerarse positivo, por lo que no cabe después una resolución en sentido contrario.